Mientras que en la Unión Europea —conformada por naciones tan variopintas en sus idiomas, costumbres y regímenes jurídicos— ya se han sentado las bases para el diseño y aprobación de una legislación penal común, en México existen 67 ordenamientos penales, contando los sustantivos y los adjetivos. En muchos casos, los criterios intrepretativos, penas y procedimientos son radicalmente distintos. Esta situación conduce, necesariamente, al desconcierto y a la inseguridad jurídica.
En la segunda edición de esta obra, se incluyen 15 de los trabajos presentados durante el Congreso Internacional “Reforma Penal en México”, celebrado en 2004 en un esfuerzo de coordinación del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Internacional y Extranjero.
Los expertos que participan en el citado Congreso —donde se abordan temas como la integración de la Unión Europea, los límites de la justicia extranjera y el análisis de diversos sistemas penales de América y Europa— se preguntan si realmente el régimen federal es un obstáculo insalvable para contar con una legislación penal unificada y uniforme. Parecería que, bien entendido, no debería serlo.