Las Administraciones Públicas y, en especial, los organismos dependientes de las mismas son titulares de diferentes bienes de carácter rural por adquisiciones onerosas #compraventas mediante el ejercicio de derechos de adquisición preferente, o, por expropiaciones# o por vía de sucesiones mortis causa o donaciones inter vivos. El presente estudio tiene como objeto analizar la gestión de predios rurales por entidades públicas. La ambición del trabajo es contrastar la normativa española sobre la materia, interesada ésta más en la redistribución de la propiedad que en la propia gestión duradera de un patrimonio público rural, y la normativa de Francia y, especialmente, de Estados Unidos. La normativa española contemporánea sobre patrimonios fundarios públicos está encabezada por la legislación aragonesa sobre Banco de Tierras o, actualmente, del Patrimonio Agrario Aragonés, pionera en la normativa autonómica y heredera de los postulados de la LRYDA. Posteriormente, Asturias legisló sobre la materia dándole un cariz más administrativista a la gestión de los terrenos mediante el otorgamiento de concesiones. Sin embargo, tanto la primera como la segunda, tienen como objeto la distribución de la titularidad de la propiedad, no sólo de un uso temporal. Así, encontramos la «propiedad diferida» en la normativa aragonesa o la propia disposición mediante adjudicación en la asturiana. En último lugar, encontramos la legislación gallega, quizás la más elaborada de las promulgadas en España sobre la materia. A pesar de que también admite la posibilidad de redistribuir la tierra, particularmente bajo criterios de oportunidad social y política #como es el caso de la protección de las mujeres que hayan sufrido violencia de género#, establece un sistema de información geográfica online sobre las fincas que gestiona, tanto las procedentes del patrimonio autonómico gallego como de cesiones de terceras personas. Asimismo, establece una fórmula similar a la del arrendamiento rústico para