Difícilmente se puede entender ya nuestro régimen constitucional y la teoría del Estado integrado en la Unión Europea sin conocer las relaciones que se han articulado y consolidado a nivel europeo entre los tres poderes clásicos: en primer lugar, el Poder Legislativo, a través del sistema de cooperación interparlamentaria y de relaciones entre ordenamientos; en segundo lugar, el Poder Ejecutivo, a través de las denominadas relaciones intergubernamentales; y, en tercer lugar, el Poder Judicial, a través del rico diálogo jurisdiccional desarrollado por los tribunales constitucionales nacionales, las respectivas jurisdicciones ordinarias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos. Tomando como base este contexto constitucional, la presente monografía, bajo el título El sistema interparlamentario europeo, define y analiza el primero de los ámbitos citados, esto es, los fundamentos, el régimen jurídico y la aplicación práctica del conjunto de técnicas normativas y orgánicas que, conforme a lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea –y dos de sus Protocolos–, el Derecho Parlamentario y los Estatutos de Autonomías, relacionan los tres niveles de poder legislativo de nuestro Estado: el Parlamento Europeo, las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos. Por el cumplimiento de sus funciones preventivas y de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad sobre el Derecho de la Unión Europea, el sistema interparlamentario europeo se ha erigido en un método integrado de cooperación entre las distintas sedes de representación popular (europea, estatal y territorial) de gran potencialidad para equilibrar el sistema competencial europeo y compatibilizar los intereses en presencia. Para su cabal comprensión exige el análisis y valoración crítica de su casuística, la tipología de los dictámenes, la terminología que la acompaña (IPEX, tarjeta amarilla, tarjeta naranja…), la experiencia en las Cortes Generales (Comisión Mixta para la Unión Europea) y de los Parlamentos autonómicos desde su puesta en práctica en el año 2009, así como su repercusión en el sistema de fuentes del Derecho Parlamentario y en las funciones de la jurisdicción de Luxemburgo.