La promulgación de la Ley Concursal ha supuesto incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una de las opciones posibles que el Derecho comparado ofrece ante las situaciones de insolvencia empresarial, es decir, aquella que elige como mejor alternativa la de adoptar las medidas precisas para facilitar la continuidad de la empresa en dificultades, como preferente a la exhaustiva liquidación del patrimonio del deudor a favor de sus acreedores. Mas dicha opción, exponente de una política legislativa concreta, requiere una reducción de los privilegios que para sus titulares derivan de la naturaleza de los créditos, y entre ellos, singularmente, los que de modo genérico pueden ser denominados «créditos públicos». Y aquí es donde se encuentra la primera dificultad, porque la Ley Concursal no sólo carece de un concepto claro de lo que por crédito público haya de entenderse sino que induce a error al confundir, como bien dice el autor, el género con la especie o, lo que es igual, lo que son concretos créditos tributarios o de la Seguridad Social con la genérica mención a «los demás créditos de Derecho Público» a que se refiere el art. 91.4 de la Ley. A partir de la labor de delimitación del concepto de crédito público, el autor aplica su experiencia profesional a desgranar diferentes aspectos de la cuestión para ir ofreciendo soluciones prácticas a las muchas dudas y problemas que el desarrollo del concurso sugiere.