El abastecimiento de agua es un buen ejemplo de la colaboración público-privada. Las administraciones han configurado esta prestación como un servicio público que tutelan con criterios de beneficio social, pero la gestión ha sido asumida en términos generales por una iniciativa privada orientada a la eficiencia por vocación y por necesidad. No cabe duda que tal combinación es una de las claves del éxito.

Nuestra concepción del servicio público tradicional está experimentado un cambio acelerado, en parte debido a la progresión social y en buena medida como consecuencia del impacto del derecho comunitario. La necesidad de tratar y depurar el agua residual y los costes que ello comporta nos obligarán a progresar hacia una concepción más amplia del servicio, hacia la idea de ciclo integral del agua en una configuración coordinada de todas sus fases.

Uno de los aspectos sobre los que es necesario reflexionar se refiere a la financiación. En este campo, se han producido algunos vaivenes a propósito de los conceptos de tasa, precio público y tarifas de base privada que han introducido inseguridad jurídica que es necesario eliminar. Buena parte de los trabajos y conclusiones que se incluyen en esta publicación van orientados a este fin.

La Fundación Agbar se ha propuesto el objetivo de estimular la investigación de los aspectos legales de la gestión del agua y ofrecer modelos teóricos que respondan adecuadamente a los retos que se nos presenta. Para ello hemos querido reunir en un grupo de trabajo a expertos de diversos ámbitos como la universidad y la judicatura, pero también expertos en la gestión cotidiana del servicio.