En el marco de la modificación de la legislación en materia de contratos públicos, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, ha creado una figura novedosa en el Derecho administrativo español, como es el nuevo Tribunal Administrativo Central de Resolución de Recurso contractuales, como órgano independiente y especializado que tiene por objeto resolver el recurso especial de nulidad y la cuestión de nulidad en materia de adjudicaciones de contratos públicos. Dicho Tribunal, operativo a partir del 9 de septiembre de 2010, será el órgano de control de las adjudicaciones de contratos del sector público de la Administración General del Estado y también de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales, si estas últimas no deciden crear sus propios Tribunales administrativos de resolución de recursos contractuales. El presente libro aborda de manera novedosa la creación de dicho Tribunal nacido de las exigencias comunitarias en torno a la transposición de la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre y de las exigencias de la Comisión europea tras la STJUE de 3 de abril de 2008. Examinando su naturaleza, composición y funciones, y muy en particular el RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN cuya interposición suspende automáticamente la adjudicación y la llamada cuestión de nulidad . Obra práctica no exenta de rigor que tiene muy de cerca la doctrina del Consejo de Estado en materia de legislación de contratos así como un seleccionado anexo con el texto de la Directiva Comunitaria y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia de contratos. La Ley 34/2010 modifica, además, de manera profusa la Ley 30/2010, de Contratos del sector público; así como el texto de la ley 31/2007 de, de 30 octubre sobre procedimientos de contratación de sectores especiales, junto con la ley 29/1998, de 28 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyos textos consolidados con las numerosas modificaciones legales introd