El proceso de desarrollo de una política iberoamericana relativa a la cooperación en el ámbito judicial ha producido, hasta la fecha de hoy, una serie de cambios sin que dicho proceso de desarrollo haya culminado. En efecto, a partir de la década de los noventa se observaron en el ámbito de los Estados iberoamericanos determinados movimientos de reformas de los sistemas penales de los diferentes Estados, propiciado, entre otras razones, por el asentamiento de regímenes democráticos. Este proceso evolutivo lleva aparejada una modificación de los diversos sistemas normativos, como lo demuestra el hecho de que algunos países iberoamericanos hayan procedido a la reforma de sus respectivos códigos penales y civiles, así como al reforzamiento de instituciones jurídicas existentes o la modernización de los sistemas judiciales. Los avances en el campo de la cooperación judicial a los que se ha hecho referencia no hubieran sido posibles sin la implantación de diferentes mecanismos o instrumentos de cooperación judicial, que se han ido aceptando como resultado de las importantes conclusiones y resoluciones de las Cumbres Judiciales Iberoamericanas. En efecto, de sobra son conocidos los esfuerzos que por parte de España y los países latinoamericanos se están efectuando para conseguir un objetivo común como es el establecimiento en el espacio iberoamericano de una justicia eficaz y útil, capaz, en el terreno de lo penal, de luchar contra la delincuencia organizada trasnacional, la corrupción, la trata de blancas, la inmigración ilegal y otras formas de criminalidad internacional; y capaz de agilizar, a su vez, el sistema de cooperación judicial civil entre los países iberoamericanos para responder de manera más adecuada a los cada vez mayores intercambios comerciales y procesos judiciales en el marco familiar vinculados a los movimientos migratorios que trae aparejados el fenómeno de la globalización.