El derecho al silencio forma parte indisoluble del más general de la defensa en su acepción material. No se puede comprender este último sin otorgar al investigado o acusado una alternativa, vinculada con la carga de la prueba, consistente en mantener una actitud pasiva frente a la imputación o acusación. Y esta afirmación adquiere mayor importancia cuando el investigado es sometido a interrogatorios diversos ante autoridades judiciales o policiales y cuando la imputación que da lugar a la apertura de un procedimiento penal, contra la ley que ordena exactamente lo contrario, no se funda en hechos jurídicamente relevantes determinados en su identidad típica, sino en meras afirmaciones subjetivas e hipótesis o inferencias, normalmente policiales. Otorgar valor a una declaración en tales condiciones frente al silencio ejercitado una vez concretada la acusación, constituye un dato a valorar que la jurisprudencia ignora mediante una interpretación formal que anula de hecho la eficacia del derecho al silencio. Considerar el silencio como indicio, mediante construcciones teóricas complejas que concluyen una infracción del derecho y una ignorancia de su eficacia, no se puede sostener ante una praxis desvinculada en buena parte del sistema vigente. Esta obra aborda esta cuestión, la apunta, pues su tratamiento extenso necesitaría un planteamiento mucho más amplio del estado actual del proceso penal y la necesidad de su reforma integral.