La necesidad de un estudio exhaustivo del contrato de renta vitalicia deriva de la constatación de la existencia de nuevas necesidades en la sociedad. Es un hecho el envejecimiento de las sociedades actuales, el precario estado del sistema jubilatorio en nuestro país, y la necesidad de encontrar nuevas vías de crédito ahora que los bancos dificultan su consecución. Por otra parte, la tendencia inflacionista de los precios, el exponencial incremento del valor de la vivienda en los últimos años, y la consecuente pérdida de valor de los capitales inmovilizados en los bancos, hacen necesaria la búsqueda de nuevas fórmulas de ahorro y previsión. Así, han aparecido multitud de figuras que tratan de dar soluciones a las nuevas necesidades, como el seguro sobre la vida, el contrato de alimentos o la hipoteca inversa. Sin embargo, el contrato de renta vitalicia presenta importantísimas ventajas frente a cualquiera de estas relaciones jurídicas, pues el contrato de alimentos se configura, exclusivamente, como una figura asistencial, mientras el contrato de renta vitalicia también constituye un mecanismo de ahorro y previsión no vinculado a la entidad de las necesidades del rentista. Además, el contrato de renta vitalicia carece del carácter industrializado y eminentemente mercantil de la actividad aseguradora o crediticia. Ello implica que pueda celebrarse con cualquier persona física o jurídica, a través de un contrato que puede adaptarse a las concretas necesidades de los contratantes, sin que exista una parte más fuerte que la otra. Esta es la razón que justifica el estudio en profundidad del contrato de renta vitalicia: concretar los problemas que plantea, exponer soluciones y previsiones contractuales específicas para solventarlos, y además, proponer una nueva regulación que permita su adaptación a las necesidades actuales. Para ello, se analizan las distintas opciones hermenéuticas que suscitan las normas que regulan el contrato, optando por las más beneficiosas para la