La subvención constituye uno de los instrumentos favoritos de los poderes públicos para intervenir en la economía y la sociedad. Por una parte, permite influir, sin imposiciones, en el desarrollo de actividades que se consideran beneficiosas para el interés general. Por otra parte, lejos de producir rechazo, la subvención es buscada y deseada por los propios ciudadanos a los que se dirige esta forma de intervención. Sin embargo, el uso intensivo de esta figura por los poderes públicos entraña importantes riesgos de discriminación, de injerencia excesiva en el ámbito privado y, en su caso, de corrupción y prácticas contrarias a Derecho. Esta situación justifica un análisis del concepto jurídico de subvención que permita aclarar el régimen jurídico que le resulta aplicable. A partir de los datos normativos que aporta la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el presente trabajo analiza el carácter dinerario o no de la subvención, las obligaciones que se hacen recaer sobre sus beneficiarios, la naturaleza jurídica de la afectación de la entrega dineraria a una finalidad concreta o los fines públicos a los que puede destinarse, entre otras cuestiones esenciales.