Esta obra analiza la institución del arbitraje en el ámbito del Derecho público con tres objetivos: determinar si el arbitraje de Derecho público tiene encaje en la Constitución Española que encomienda a los tribunales de justicia la función de controlar la legalidad de la actuación administrativa y su sujeción al principio de legalidad; conocer si el arbitraje está ya reconocido en el ordenamiento jurídico-público español y en qué forma; y, una vez confirmada la constitucionalidad, analizar si las controversias de Derecho público son o no arbitrables y en caso afirmativo, cuál sería el criterio de arbitrabilidad jurídicamente válido. Y es que la presencia del interés general en una controversia de Derecho público hace cuanto menos dudar de la viabilidad del arbitraje en dicho ámbito. Para alcanzar estos objetivos, la autora analiza, por un lado, la institución arbitral y sus elementos esenciales y, por el otro, examina las instituciones y conceptos esenciales del derecho determinantes para el estudio de la cuestión, como son: la arbitrabilidad, la disponibilidad, los derechos subjetivos y los intereses legítimos.