Actualmente, la contratación del Sector público alcanza el 16% del Producto Interior Bruto del Estado español. Además, las obras, servicios y suministros más importantes son encargados y adquiridos por las Administraciones públicas. Lo anterior no hace sino poner de manifiesto la importancia de la contratación pública tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público ha inaugurado un nuevo escenario para la contratación pública merced a las novedades que incorpora al ordenamiento jurídico-administrativo: la aparición de un nuevo contrato administrativo típico, el de colaboración entre el sector público y el sector privado, de nuevas categorías de contratos de las que se hace depender su régimen jurídico, los contratos sujetos a regulación armonizada, un nuevo procedimiento, el diálogo competitivo, un nuevo sistema de garantías que se materializa en la previsión de un recurso especial en materia de contratación y un cambio en el reparto de la competencia jurisdiccional sobre la materia, la regulación de las subastas electrónicas y los procedimientos de adjudicación electrónicos, o las nuevas cuantías que permiten la utilización del contrato menor y el procedimiento negociado sin publicidad son algunas de esas novedades, acompañadas de una revisión del ámbito de aplicación subjetivo, y todo ello organizado en torno a una nueva estructura de la norma, no siendo fácil el acercamiento a la misma. En este escenario tan importante y tan complejo, nada más conveniente que conocer la fuente, la esencia de cada uno de los conceptos e instituciones que integran la contratación pública, para poder y saber moverse en cualquier pro