La Universidad de Salamanca, que en el año 2018 celebrará el octavo centenario de su fundación, es depositaria y continuadora de una tradición humanística y científica multisecular con vocación universal. Se trata de una institución de Derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio (art. 1 de los Estatutos vigentes de la USAL). En el Capítulo Tercero de dichos Estatutos se regula «la investigación» en el marco de la institución y en el art. 110 se fija como uno de sus objetivos esenciales el contribuir a la ampliación del conocimiento en todos los ámbitos del saber mediante el fomento y la coordinación de la investigación y la formación de investigadores.
Se configura la investigación como el fundamento de la docencia y como medio para el desarrollo científico, técnico y cultural de la sociedad. Con el objeto de promover una investigación de calidad el Rector y el Consejo de Gobierno dispondrán de un Consejo de Investigación que contará entre sus funciones con la de «reconocer Grupos de investigación» (art. 111 de los Estatutos de la USAL).
Los Grupos de Investigación son unidades fundamentales de investigación organizadas en torno a una línea común de investigación científica y coordinados por un investigador responsable (art. 114 de los Estatutos de la USAL). Serán reconocidos por el Consejo de Gobierno de la institución universitaria previo informe motivado del Consejo de Investigación. En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa vigente en el mes de junio de 2007, con fecha día 29, solicitamos el correspondiente informe preceptivo del Consejo de Investigación y obtuvimos el posterior reconocimiento por el Consejo de Gobierno. Reuniendo dichos requisitos el GIR que presentamos quedó inscrito como GRUPO DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDO de la Universidad de Salamanca en el Registro creado al efecto en la Secretaria General. El GIR del cual soy investigadora responsable lleva por título «DERECHOS Y LIBERTADES EN LA SOCIEDAD ACTUAL». Tiene carácter interdisciplinar y está formado por profesoras-es sociólogos, pedagogos y juristas. Entre éstos últimos se encuentran iusnaturalistas, internacionalistas, constitucionalistas, penalistas y laboralistas. El carácter interdisciplinar del grupo y las materias que cultivan sus componentes justifican las líneas de investigación abordadas por dicho GIR.
La sociedad globalizada de principios del siglo XXI requiere que cualquier investigación científica rigurosa traspase el ámbito local y nacional de los problemas que son analizados. En todo caso se trata de investigar el grado de efectividad de los derechos y libertades en un mundo globalizado desde las distintas ópticas que se corresponden con la especialidad científica de los distintos miembros del grupo de investigación.
Entre las líneas de investigación del GIR que presentamos ocupa un lugar destacado la dedicada a las «garantías constitucionales de los derechos». Numerosas publicaciones que hemos efectuado al respecto demuestran como nos hemos ocupado y nos seguimos ocupando de analizar a nivel interno la naturaleza de los derechos fundamentales, la función que cumplen y las garantías de los mismos contemplados en la norma suprema. La Constitución Española recoge un amplio espectro de las mismas que obedecen unas a un carácter normativo; otras, tienen naturaleza institucional y sin duda, las más importantes son las de rango jurisdiccional.
Para un investigador en el tema de las garantías de los derechos es punto de obligada referencia el art. 10.2 constitucional donde se introduce a nivel interno el Derecho internacional de los derechos humanos. De este modo, las normas relativas a los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos deben ser interpretadas de acuerdo a los Tratados internacionales sobre los mismos. Pero, no sólo conforme a las normas sino también a la jurisprudencia de las Cortes y Tribunales encargados de su tutela. Los constitucionalistas no podemos desconocer los pronunciamientos de Tribunales como el de Luxemburgo, el de Estrasburgo, la Corte de San José de Costa Rica o el Tribunal Internacional de La Haya. La prospección de esta jurisprudencia sobre la de nuestro Tribunal Constitucional permite entender el significado y el valor de los derechos en el caso patrio.