Continuamente se habla del proceso de globalización económica, financiera e industrial, impulsada por unos y sufrida por muchos otros. A la vez, se reclama justamente el fortalecimiento de estructuras de decisión política global y multilateral, dotadas de la voluntad y las capacidades necesarias para servir de único y último recurso de superación de tiranías imperiales y guerras de pueblos, razas, religiones#, para poder alcanzar la paz y el bienestar de toda la humanidad, y no sólo de unos pocos. Pues bien, unas relaciones económicas internacionales que garanticen una vida digna para todos los seres humanos y una capacidad de decisión política multilateral para la solución pacífica de los conflictos tienen que completarse y necesitan apoyarse en la globalización de la justicia, a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Y esta globalización no puede existir sin el desarrollo práctico de la Justicia Penal Internacional que, desde los tribunales internacionales y nacionales persiga las violaciones de la dignidad humana allá donde éstas se produzcan. Cualquier Estado de derecho debe sentirse comprometido para defender esa dignidad allá donde sea posible y necesario hacerlo.