Internet, mejor, el ciberespacio, no es un ámbito de libertad absoluta, no es el territorio de la anarquía: es en realidad un territorio doblemente regulado, sometido de un lado a la clásica regulación estatal -sobretodo en relación a sus contenidos, que son los mismos del espacio físico-, y de otro sometido también a sistemas de autorregulación privados (códigos de conducta, contratación entre particulares y la propia arquitectura del sistema). Se trata, en fin, de un espacio coregulado. Esta dualidad genera una novedosa problemática: ¿cuál es el papel de los autorreguladores? ¿Cómo interactúan con las administraciones públicas? ¿Están claramente delimitados ambos ámbitos de regulación? ¿Son antagónicos o están sometidos a sistemas de cooperación? Son cuestiones que no podemos obviar si se pretende una comprensión objetiva y desapasionada del sistema de redes. La problemática expuesta nos afecta a todos,tanto al ciudadano ajeno a Internet como al cibernauta experto, en la medida en que, de modo involuntario, nuestros datos circulan por la Red. A pesar de que los mecanismos de defensa y protección de derechos e intereses son conocidos en los sistemas de regulación clásica, no sucede lo mismo con los sistemas de autorregulación, dónde, al ser de base privada y decaer lo público, decaen también los mecanismos de protección que nuestro sistema jurídico-público nos otorga sin distinción, dejándonos, en consecuencia, indefensos y desamparados ante los operadores y reguladores privados del sistema. cuándo no, ante operadores de sistemas estatales ajenos al control judicial