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Derecho penal

Derecho penal
Parte General

  • ISBN: 9788490204597
  • Editorial: La Ley
  • Lugar de la edición: Madrid. España
  • Colección: Temas
  • Encuadernación: Rústica
  • Medidas: 23 cm
  • Nº Pág.: 639
  • Idiomas: Español

Papel: Rústica
77,00 €
Sin Stock. Disponible en 7/10 días.

Resumen

Este volumen, bajo el título Derecho Penal Parte General, trata de ofrecer al lector un panorama completo y de fácil asimilación de las instituciones que conforman el núcleo duro de la Teoría General del Delito en sus aspectos más relevantes.

Se trata de una obra que, sin declinar el rigor analítico en la exposición de las opiniones doctrinales en liza, ni rehusar una toma de posición de sus autores, alberga el más modesto pero no menos trascendente propósito de servir de auxilio eficaz a la actividad docente y a la práctica forense. Se aborda así una exposición razonada con la mente puesta en los alumnos de grado de las universidades y en otro plano en los profesionales del Derecho, a los que conviene tener a mano un manual que refleje las posiciones doctrinales de autores clásicos y actuales, en conexión con la visión que de los mismos temas ofrece la praxis judicial, la doctrina de la Fiscalía General del Estado y los dictámenes de los órganos consultivos de nuestro país.

El sentido pragmático impregna en toda su extensión su configuración formal y su contenido, y motiva a los autores a completar el análisis de los elementos del delito con un estudio detenido y pormenorizado de sus consecuencias jurídicas en todas sus manifestaciones, aspecto este último al que no siempre se le da la necesaria relevancia en los manuales al uso.

Se trata de una obra, por lo demás, actual, pues acomoda sus análisis a los nuevos contenidos de la reforma penal operada por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, sin olvidar el resto de los textos legislativos publicados este año como, por ejemplo, la Ley 4/2015, que instituye en nuestro país el Estatuto de la Víctima; se toma en consideración asimismo la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina del Tribunal Constitucional y la doctrina emanada de la Fiscalía General del Estado en la interpretación de los nuevos textos legales, en la convicción de que el conocimiento de las opiniones de los diversos operadores jurídicos es imprescindible para completar la comprensión de las instituciones penales entendidas como elementos integrantes de un sistema jurídico vivo y en permanente evolución.

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