Se edita la Revista de nuestra Facultad por novena vez consecutiva, en el tiempo convenido y anunciado, lo que ciertamente dice mucho a favor del compromiso que hemos adquirido con esta aventura académico-editorial. Además lo seguimos haciendo con la metodología expositiva general, que se induce de la intitulación de nuestra publicación periódica, y que ya es usual en los números anteriormente editados. Que como, ya he dicho en otras ocasiones y es sabido, no es otra metodología que el planteamiento cronístico clásico, sistemático y detallado, que atiende a los productos legislativos estatales y también autonómicos, sobre todo, andaluces; y desde luego también jurisprudenciales del año cronicado, en este caso el 2010. Un año de abundante producción legislativa, pues se salda con la aprobación de nueve leyes orgánicas, cuarenta y cuatro leyes ordinarias y trece decretos leyes. Asimismo como sucede en otras ocasiones, sin desmerecer de la cronístisca visión de conjunto, se otorgan destacados perfiles monográficos a determinadas colaboraciones, que continúan siendo especialmente sensibles a la crisis socioeconómica que se vive o a determinadas reformas de fuerte calado normativo. El planteamiento monográfico prevalece, como es lógico, en las aportaciones que provienen de las ciencias jurídicas básicas. Se observa además en este número que del total de los trabajos presentados, ha aumentado llamativamente la autoría colegiada, que en algunos casos se integra por una pléyade de autores, determinada probablemente por la prolífica producción normativa que debe ser estudiada y sistematizarse, a efectos de su exposición; y en que participan tanto docentes noveles como en plena madurez o ya consagrados. Precisamente este es el supuesto del área de Derecho internacional público, en cuya redacción del pormenorizado estudio interviene un equipo de siete Profesores de todas las categorías académicas. Presentan y estudian particularmente el contenido y desarrollo del período de sesiones 2010 de los órganos más relevantes de la Organización de las Naciones Unidas (la Sexta Comisión y la Comisión de Derecho internacional). De otra parte se atiende a las controversias internacionales presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal del Derecho del Mar o la Comisión de delimitaciones terrestres y marítimas y sobre las cuestiones relacionadas con la perimetración exterior de las plataformas continentales. Por lo que se refiere a Derechos Humanos, se relacionan las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y una vez más resulta verdaderamente copioso el elenco de los Acuerdos internacionales de interés para España.