Imaginemos que las partes, en un contrato, además de las disposiciones sobre el derecho material, acuerden, en caso de surgimiento de un litigio futuro: que la citación sea realizada por e-mail; que el número de testigos sea limitado a dos para cada parte; que escojan el nombre del perito; que repartan las costas y costos por la mitad, independientemente de la regla de la causalidad; que renuncien a todos los recursos; y que condicionen la ejecución al paso en cosa juzgada de la decisión final (excluyendo la ejecución provisional). Pues es sobre eso que se trata el presente libro: las partes, por su voluntad convencional, moldeando, diseñando el procedimiento.
Pero los negocios jurídicos procesales no son una novedad del derecho procesal contemporáneo: ellos existen hace mucho tiempo en las legislaciones de diversos países. De hecho, son muy comunes las disposiciones que permiten que las partes acuerden sobre la ampliación de plazos, suspensión del proceso, elección del foro competente, modifi caciones sobre la carga de la prueba, entre otras.
Y no solo en las leyes habitan los negocios jurídicos procesales. También en la praxis contractual son abundantes. El convenio arbitral (cláusula compromissória) es una convención procesal por la cual las partes acuerdan someter el litigio (real o potencial) a la apreciación de un árbitro, renunciando a la jurisdicción estatal. Y nadie niega la importancia y la creciente utilización del arbitraje en las últimas décadas.