La Ley de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de abril de 2008, ha introducido profundas modificaciones en el ámbito de la contratación pública, no sólo desmaterializando los procedimientos de adjudicación (perfil de contratante, plataforma de contratación del Estado, factura electrónica, subasta electrónica...etc), sino también modificando profundamente los procedimientos a seguir por los Poderes adjudicadores para la adjudicación de los contratos públicos, obligando a los Poderes adjudicadores a seleccionar, como adjudicatario del contrato, al licitador que haya presentado la "oferta económicamente más ventajosa", y exigiéndoles, en todo caso, que den un tratamiento igualitario y no discriminatorio a licitadores y candidatos, a los que deberán garantizar libertad de acceso a las licitaciones, dando publicidad y observando una total transparencia en los procedimientos que han de seguir en la adjudicación de los contratos del Sector público.