La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes viene a sustituir a una de las últimas grandes Leyes administrativas vigentes, su homónima de 1957. Los presentes comentarios constituyen un pormenorizado estudio sistemático de sus novedosas previsiones, complementadas con el análisis del derecho forestal autonómico, como puede deducirse por su subtitulo. En este proceso de renovación del derecho forestal, puede incluso hablarse con propiedad de un cambio de paradigma forestal, asume un rol protagonista la Ley 43/2003 que se manifiesta y hace explícito en los diferentes prismas bajo los cuales puede contemplarse. Si atendemos al aspecto económico, constituye un lugar común la afirmación de la orientación productivista de la Ley de Montes de 1957, que se alzaprimaba claramente sobre las restantes funciones de los montes -ecológicas o ambientales, y sociales-, consideradas hoy bajo el prisma de la multifuncionalidad. Si consideramos el marco institucional, la revolución es más que visible con sólo hacer referencia a la emergencia de las Comunidades Autónomas, grandes protagonistas de la gestión y administración del monte, y a la comparación entre el marco contemplado -y superado- recogido en aquella Ley y el resultante en la actualidad, máxime tras el advenimiento constitucional. Una Constitución, que, proclama entre los principios rectores de la política social y económica el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, a la par que encomendar a los poderes públicos velar por la utilización de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. También los cambios generados en la esfera internacional -no sólo comunitaria- en el tratamiento jurídico de los montes, han propiciado este cambio de perspectiva, que justifican un estudio de las presentes características.