Los autores dan vida a una obra con un propósito pedagógico, aunque sin renunciar a los aspectos prácticos y académicos. Constituye el primer elemento de la trilogía de instrumentos docentes del Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa, al sumarse a los dos tomos publicados de “Elementos técnicos de gestión de recursos y contratos de las administraciones públicas y de la defensa”, en el que derecho, economía, ingeniería se conjugan en aras de unos buenos objetivos público-privados.

En esta obra el lector encontrará un espíritu de búsqueda, de encuentro y colaboración, en el que las buenas prácticas de las administraciones públicas y de las empresas dan lugar a una seguridad jurídica y económica, que se transluce en un aumento de la competencia y transparencia, de manera que desembocarán en una reducción del gasto y en un mejor reparto de los recursos sobrantes obtenidos, razón por la cual, prima el desterrar prácticas ineficientes, ya sean de parte de determinados oferentes públicos, como de situaciones abusivas de determinados s ectores económicos.

La contratación pública es uno de los elementos determinante como factor de desarrollo económico en los mercados tanto de España como de Europa. Las administraciones públicas, gracias a su posición como demandantes de bienes y servicios, van a ser un elemento y dinamizador del sector empresarial en la época de crisis actual.

La contratación pública constituye uno de los ámbitos medulares de la actuación administrativa donde florece uno de los elementos más característicos a los que se encuentra sujeto el Derecho público, como es su mutabilidad o variabilidad, como se pone de relieve al comprobarse la extensa y fecunda productividad legislativa, ya que en un corto período de tiempo se ha originado, tanto en la legislación nacional como en la comunitaria un entramado rígido y detallado de las reglas comunitarias de garantías entorno a los principios de transparencia (publicidad) y de competencia (no discriminación).

El motor regulador de esta tendencia es la mejora de la eficiencia en la gestión del gasto público impulsado por las demandas sociales de una sociedad libre y democrática, en la que sus gestores han recabar soluciones de los sujetos privados, y así, cumplir de forma ágil y más económica con los objetivos marcados en las políticas públicas. Este fenómeno ha sido impulsado por la tensión entre los valores de eficacia y economía, por un lado, y las garantías y el control de la legalidad de la actuación pública por otro, que hacen por el momento imparable el proceso evolutivo legislativo y que se resume en un deseo de la sociedad de transparencia total de todos los procedimientos.