El 22 de julio de 2020 se sancionó el Acto Legislativo N° 01 por medio del cual se modificó el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, lo que significa la supresión de la prohibición de la pena de prisión perpetua dando posibilidad a la prisión permanente revisable para quienes cometan los delitos de homicidio doloso y acceso carnal violento o en incapacidad de resistir contra niños, niñas y adolescentes. Dicha modificación, declarada posteriormente como inconstitucional, permite reflexionar sobre la crueldad de la cárcel y su duración que, en el caso de la cadena perpetua, elimina toda posibilidad de pensar un proyecto de vida en libertad ¿Qué mensaje da un país que endurece sus penas y excluye a sus ciudadanos violando los derechos fundamentales? ¿Dónde queda el principio de la dignidad humana? Esta obra es un alegato a las medidas regresivas como la cadena perpetua o prisión permanente revisable que retoma las experiencias internacionales y nacionales para mostrar la inconveniencia de la medida. En un primer momento presenta hitos históricos sobre el surgimiento de la prisión y la cadena perpetua, luego muestra el desarrollo de esta pena en el mundo y el panorama internacional de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. También, amplía el estudio sobre la cadena perpetua en España a partir del establecimiento de la prisión permanente revisable con la Ley Orgánica 1 de 2015, medida que rompe con la tradición humanista europea. En los últimos capítulos analiza la política criminal colombiana y el proceso de instauración de la cadena perpetua en el país. Así, se revisa el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, se retoman los alegatos sobre la violación al principio de dignidad humana, al principio democrático, al fin resocializador de la pena y a los principios de necesidad y proporcionalidad, entre otros. Además, se exponen las razones de la Corte Constitucional para declarar que el Acto Legislativo supone una sustitución de la Constitución de 1991. La obra cierra con algunas reflexiones sobre la situación de la política criminal, proponiendo la instauración de una política criminal íntegra y sistémica que atienda a la complejidad de los fenómenos criminales y genere soluciones estructurales a sus causas, siendo así, una herramienta de reconstrucción social en donde se garanticen los derechos humanos de todos los ciudadanos.