Esta obra pone al desnudo el fenómeno del constitucionalismo autoritario en la Venezuela de hoy. Para el autor, esta patología es un sofisticado y perverso disfraz para destruir el Estado de Derecho y sus instituciones, bajo el ropaje de una Constitución liberal democrática y utilizando los propios instrumentos del constitucionalismo, todo con el objetivo final de desarrollar un proyecto antidemocrático y autoritario que ya ocupa un cuarto de siglo en el país suramericano. La propia institucionalidad lleva a cabo el desmontaje o vaciamiento de disposiciones, normas, principios y valores de la Constitución, a través de prácticas o costumbres contra constituciones, vías de hecho, interpretaciones manipulativas de la ley suprema, o la sanción de normas subconstitucionales opuestas al Texto Fundamental, pero no declaradas inconstitucionales por los órganos custodios de la supremacía constitucional, produciendo una caída en su vigor jurídico o su fuerza normativa. En Venezuela, la justicia constitucional, a partir de 1999, se ha encargado de interpretar la Constitución en contra de sus propios postulados, amoldándola a los intereses del gobierno, convirtiéndose entonces en un intérprete tiránico de la misma, en una instancia autoritaria y deslegitimada del poder, y constituyéndose en la herramienta predilecta de aquél para llevar a cabo la desaparición del Estado Constitucional en el país. Así, el autor presenta al lector de manera acuciosa y aguda las tergiversaciones de la justicia constitucional venezolana dedicadas al desmontaje del Estado de Derecho. Sirva esta investigación para comprender a fondo que los textos constitucionales serán letra muerta, estarán vacíos de contenido, perderán su vigencia y supremacía, si su custodio, el juez constitucional, se convierte en una herramienta del poder ejecutivo, del gobierno, pues, en lugar de protegerla, de garantizarla, desplegará todo su accionar para destruirla, tal como sucedió y sigue sucediendo en el caso de Venezuela. El Derecho Constitucional de nuestro tiempo exige firmeza en la defensa de un principio que no puede abandonar: sin Estado de Derecho no hay ni Constitución ni democracia.