Las normas que regulan la adquisición y la pérdida de la condición de funcionario son un elemento esencial del régimen estatutario de los funcionarios públicos y, también, de la estructuración de los recursos humanos de una administración pública. Mediante aquellas normas se determinan los caminos para ingresar y para dejar de formar parte en una estructura organizativa que ha de servir con profesionalizad, independencia, imparcialidad y objetividad los intereses generales. El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado casi treinta años después de la Constitución, es el primer texto legal que redacta el Estado para cumplir íntegramente con la competencia y el mandato que le asigna el artículo 149.1.18 de la Constitución. El Estatuto establece un sistema caracterizado por la flexibilidad que propiciará, previsiblemente, la heterogeneidad de regímenes jurídicos de función pública en el conjunto del Estado. Sin embargo, en esta materia, contiene principios y disposiciones que deben observarse con carácter general por las Administraciones Públicas, ofreciendo un tronco normativo común imprescindible para garantizar una mínima homogeneidad en el complejo mapa administrativo del Estado Autonómico.