Dos hechos de distinto signo han planteado la cuestión de la vigencia actual de los concordatos (tratados) entre la Iglesia Católica y el Estado. El primero, ha sido de orden político: la reciente proposición aprobada en el Congreso General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en la que se pide “la revisión de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español”. El segundo, de orden científico: la reciente publicación de la importante obra Acuerdos y Concordatos entre la Santa Sede y los países americanos, coordinada por el profesor Navarro Floria (Universidad Católica Argentina).
El hecho político no tiene razones de entidad que lo exijan. Los problemas jurídicos creados por la aplicación de los Acuerdos de 1976/1979 se han ido solucionando en España a través de una legislación estatal consensuada entre la Iglesia y el Estado, sin necesidad de aplicar la piqueta a un marco internacional más que aceptable, que regula hoy la relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español. En realidad, la cuestión que se oculta en tal petición es la de “adecuar los Acuerdos a la Constitución”, en el caso de simple revisión; o bien, el sometimiento de la Iglesia Católica a la legislación común, en caso de denuncia de los Acuerdos.