El tema de la ilicitud de la prueba presenta un debate complejo, no siempre bien entendido y ubicado en su correcto fundamento, ni resuelto en las mejores consiciones de seguridad jurídica y, sin embargo, es y será un tema de constante actualidad, dado que la versatilidad de casos en los que se plantea dicho problema, superará siempre el alcance de cualquier previsión legal. A ello se une un déficit normativo inaguantable, un margen judicial de decisión excesivo y contradictorio, provocado en muchas ocasiones por mirarnos en el espejo de la jurisprudencia norteamericana y en sus remedios, lo que nos hace estar cada vez más alejados del horizonte que nuestra Constitución diseñó. El derecho a la inadmisión de las pruebas ilícitas es una de las garantías con las que el derecho procesal trata de proteger al ciudadano de la intervención del Estado en sus derechos y libertades fundamentales en el ámbito de una investigación criminal. En esta línea, el presente trabajo desentraña, en primer lugar, el sentido y alcance de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, establecida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como garantía integrante del núcleo esencial del derecho fundamental al proceso justo y garantista en los términos diseñados por el artículo 24.2 de la Constitución; ello servirá de base para examinar el fundamento de la denominada "teoría de la desconexión de antijuridicidad" tan presente en nuestra jurisprudencia, y comprobar que dicha encomienda judicial -contraria al propio tenor del artículo 11.1 LOPJ- solo se encuentra naturalmente justificada y es constitucionalmente compatible en dos supuestos que, por su lado, se presentan como casos -posibles- pero de laboratorio. El análisis jurisprudencial de los principales actos de investigación que se realiza en esta obra, se desarrolla sobre un horizonte exigente en la averiguación del crimen, donde las actuaciones policiales y judiciales deben de responder a un nivel de diligencia alto, im