Esta figura puede ser descrita con enorme simplicidad. Se trata de la posibilidad de solicitar a la Administración tributaria algo más de tiempo para saldar una deuda tributaria ante la dificultad de hacer frente a esta obligación de forma puntual y tempestiva. O sea, una variante del pago a plazos, tan habitual y extendido en las relaciones económicas entre particulares. El obligado busca facilidades de pago y la Administración decide si se las concede a través de un procedimiento perfectamente delimitado y definido. En principio, siempre es posible recurrir a este auxilio para superar el contratiempo de un desajuste financiero. Representa una prerrogativa esencial cuyo ejercicio queda al alcance del obligado que quiera usarlo formulando la solicitud correspondiente cuando atraviese un problema de tesorería. Cuando no haya dinero para proceder al pago de un tributo, antes de ignorar la cita y echarse al monte al grito de ad impossibilia nemo tenetur, debemos al menos considerar esta opción: aplazar el pago. Se puede hacer. Está previsto. Eso sí: debe tratarse de una situación de simple falta de liquidez, porque esta figura, el aplazamiento o fraccionamiento del pago de una deuda tributaria, no esta pensada para las situaciones de insolvencia.