El ámbito de los bienes arqueológicos se encuentra en la actualidad, y desde un punto de vista jurídico, intensamente intervenido. Dieciocho leyes regulan el Patrimonio Cultural en nuestro país y un número elevado de normas (sobre delitos, ordenación del territorio, mecenazgo, urbanismo, propiedad, organización administrativa, Patrimonio Natural) inciden de manera significativa en su régimen jurídico. Dicho de otra forma: en ningún momento de nuestra historia han existido tantas normas con la finalidad de proteger y fomentar el mantenimiento y la conservación del Patrimonio Arqueológico ni un marco jurídico tan favorable, al menos teóricamente, para preservar los elementos de nuestro pasado. Sin embargo, en los medios de comunicación siguen apareciendo, de manera constante, noticias sobre atropellos contra la integridad de estos bienes y a los tribunales continúan llegando casos que ponen al descubierto los puntos débiles del sistema.
El objetivo de este trabajo es analizar el actual régimen jurídico sancionador de los bienes arqueológicos y conocer cuáles son las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance, desde el ámbito del Derecho administrativo, para reaccionar cuando se realizan actividades dañinas contra estos bienes. Se trata, por consiguiente, de indagar en los instrumentos que nuestro ordenamiento jurídico recoge, con los que hacer frente a las actuaciones ilícitas contra el Patrimonio Arqueológico, y proponer medidas que acrecienten su protección.