Con relativa frecuencia los juristas venimos arrastrando afirmaciones, conceptos y descripciones de la realidad que damos por buenas sin haberlas comprobado ni puesto en cuestión durante decenios. Esto suele ocurrir cuando se trata de conocimientos que escapan del mundo jurídico o que, aun perteneciendo a él, son ajenos a la disciplina que se profesa. Con el apoyo en otro autor #naturalmente, jurista, y de la misma especialidad# y en la cita correspondiente de ese mismo autor suele despacharse el asunto. Por eso no es de extrañar que durante décadas el extraordinario civilista Don José María Castán Tobeñas fuera cómoda referencia y cita de autoridad sobre las técnicas de reproducción asistida, y no sólo sobre sus aspectos jurídicos. Pero que sepamos, tan prolífico, capaz e ilustre jurista se cuidó mucho de practicar medicina tan vanguardista en su época, pues no era ésta su especialidad ni su interés directo, sino sus implicaciones jurídicas para el Derecho de Familia. No quiere decirse con esto que ineludiblemente deba acudirse a la bibliografía no jurídica para cualquier estudio que se aproxime de algún modo a otras vertientes del conocimiento, pero sí ha de valorarse previa y críticamente la vigencia de las aportaciones realizadas para el Derecho, sobre todo cuando en ellas pretenda sustentarse alguna tesis o construcción conceptual de relieve para la disciplina jurídica que se profese. Algo semejante a lo denunciado más arriba podría sostenerse que ha venido ocurriendo durante décadas con los fundamentos de la capacidad de culpabilidad en el Derecho Penal, en particular en relación con los menores. Y si bien respecto a los adultos (al menos en lo que se refiere a la capacidad subjetiva de culpabilidad o imputabilidad) esa tendencia a escribir sin el soporte necesario y directo de las aportaciones más recientes de otras disciplinas en esta materia, como son la Criminología, la Psicología y la Psiquiatría, se ha ido corrigiendo en los últimos años, no parece que l