Las leyes de convalidación no han sido hasta la fecha objeto de un tratamiento completo por parte de nuestra doctrina. Esta obra aspira a suplir lo que, sin duda, es una carencia, intentando, además, situar este tipo de normas en su correcto contexto constitucional y doctrinal.

El enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder judicial que toda convalidación legislativa supone está ventilando no sólo la controversia en torno a la supervivencia de una concreta actuación administrativa ilegal (que es justamente la que el legislador pretende conservar, enervando así los efectos de una declaración judicial) sino que traduce tensiones de hondo calado en lo que hace a la función legislativa. El lector encontrará un análisis de estas implicaciones y un intento de situarlas en su contexto. Asimismo, el trabajo detalla las más importantes cuestiones suscitadas en torno a las leyes que, habiendo operado en nuestro país una convalidación de actos y disposiciones administrativos, han sido objeto de fiscalización en sede de justicia constitucional. De esta manera, da cuenta del estado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo que hace a este tipo de intervenciones, tratando de extraer sus más importantes rasgos y situándola en el contexto de las decisiones en la materia a cargo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esta obra se esfuerza también en ubicar el fenómeno de las leyes de convalidación y delimitar su admisibilidad en nuestro ordenamiento constitucional de acuerdo a pautas jurídicas. Su interés, sin embargo, trasciende esta labor, en la medida en que para su desarrollo ha sido necesario un profundo estudio de los cimientos constitucionales de la regulación de la actuación de los diversos poderes públicos y, en especial, del legislador. No debe perderse de vista que también la ley, el más potente instrumento del que se dotan los regímenes democráticos modernos para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la tiranía y la arbitrariedad, puede convertirse en mecanismo de cercenación de los mismos. De ahí la importancia del estudio de los imprescindibles equilibrios en los que ha de conducirse la expresión de la voluntad del legislador en nuestro ordenamiento constitucional.