En España el sector inmobiliario no sólo ha venido a cubrir una necesidad residencial, sino que ha constituido el verdadero motor de la economía durante muchos años, siendo el objetivo profesional de grandes y pequeños inversores, y constituyendo una auténtica alternativa frente a otros instrumentos de inversión. Se trata de un sector que genera muchos puestos de trabajo directos pero que implica, al mismo tiempo, a una gran cantidad de actividades colaterales relacionadas con el mismo, por lo que los efectos tanto de auge como de una crisis se reflejan en toda la economía. Además, el sector inmobiliario ha sido y es una de las principales fuentes de financiación del sector público, fundamentalmente a través de impuestos como el IVA, el ITP o el IBI.
Durante años en España el sector público ha promovido la adquisición de vivienda con importantes incentivos fiscales, sin embargo, con la llegada de la crisis las políticas legislativas han ido dirigidas a la eliminación de cualquier incentivo existente dejando al sector de la construcción en una situación de abandono inusual, en contraste con lo que venía ocurriendo desde hacía décadas.
En el presente trabajo se han revisado las políticas públicas llevadas a cabo en seis países de la Unión Europea para constatar que, a diferencia de lo que está ocurriendo en España, los países de nuestro entorno más cercano están implementando ayudas directas e incentivos fiscales de apoyo al sector.