El presente trabajo es fruto de las inquietudes de sus dos autores, profesores universitario, respecto de la deficiente actuación de nuestros poderes públicos y, en especial, del Legislador, en orden al cumplimiento de los mandatos normativos europeos y la posible responsabilidad patrimonial que de ello se deriva, tanto a nivel interno o descendente, frente a los jueces y tribunales nacionales, como a nivel europeo o ascendente, ante el propio Tribunal de Justica de la Unión Europea.
La cuestión objeto de análisis ha recobrado actualidad por diferentes motivos, entre lo que se destacan tres particularmente: la extraordinaria proliferación de demandas que sobre este asunto ha tenido que conocer nuestro Tribunal Supremo (casos céntimo sanitario, impuesto de sucesiones y donaciones, reiteradas vulneraciones de la Sexta Directiva del IVA, multipropiedad, Cantal Satélite digital, canon digital, bono social eléctrico, situaciones de los interinos, pensiones de los trabajadores a tiempo parcial, entre otros); el recurso que la Comisión europea ha interpuesto contra España ante el Tribunal de Justicia por la regulación jurídica que de esta institución ha realizado la Ley 40/2015; y las primeras aplicaciones del mecanismo sancionador contemplado en el artículo 260.3 TFUE.

El análisis de las complejas dudas jurídicas que se plantean y de la realidad práctica detectada se aborda de una manera constructiva, ofreciendo alternativas dirigidas a mejorar los mecanismos de transposición de Directivas europeas y realizando propuestas de lege ferenda ante la –más que posiblemente inexorable-. Modificación de la LRJSP que tendrá que afrontar nuestro Parlamento. En uno y otro caso, con la finalidad última de asegurar la protección de los derechos que el orden jurídico europeo confiere a sus ciudadanos que es lo que, en última instancia, justifica la responsabilidad por incumplimiento de los Estados miembros.