La motivación de los actos administrativos, objeto de este estudio, no ha de tratarse como una exigencia legal de segunda categoría que pueda arrinconarse en el análisis de la validez de los actos administrativos y que, ante su omisión o cumplimiento defectuoso, se deba dejar pasar de forma desapercibida; sino que ha de equipararse a un requisito formal esencial y cualificado que enlaza con los aspectos sustanciales del acto, los motivos, sin llegar a confundirse uno con el otro, formando parte del sistema procedimental. Su presentación no siempre se ajusta a esquemas formales, taxativos y cerrados, debido a su capacidad permanente de adaptación a las circunstancias variables de cada asunto, como puede ser el contenido y el contexto, que permiten que tanto su alcance como el rigor en el cumplimiento de los diferentes requisitos, unas veces se intensifiquen y otras se atenúen.

El anémico contexto jurídico del que parte este trabajo no excusa ni merma interés por la cuestión, sino que lo acrecienta, pues la motivación es inapelable, en nuestro ordenamiento jurídico constituyendo una pieza esencial del Estado de Derecho. Un análisis en profundidad y particular de la motivación, de su naturaleza jurídica junto a las finalidades que persigue, los principios jurídicos sobre los que se asienta, las diferentes modalidades en las que se articula y los supuestos obligatorios, refuerzan el valor de la misma que la afianzan como una autentica garantía procedimental.