La obra realiza un análisis crítico de la interpretación de los derechos sociales prestacionales realizada por el Defensor del Pueblo de España a través de sus Recomendaciones a la Administración pública, entre 2005 y 2016. Más allá de la justiciabilidad de estos derechos, que cuenta con destacadas tesis a su favor, no se deben perder de vista otras garantías que, en algunos casos, pueden resultar más efectivas, por su celeridad e inmediatez, entre ellas el Defensor del Pueblo. En esa línea, se sistematiza el contenido de los derechos sociales prestacionales que han sido objeto de Recomendaciones del Defensor del Pueblo y se contrasta con los elementos esenciales establecidos por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Asimismo, se revelan algunas luces y sombras de las Recomendaciones para la protección de los derechos sociales durante el período analizado. Se pretende así contribuir a visibilizar la labor del Defensor del Pueblo, favorecer la multiplicación de sus buenas prácticas para la eficacia de los derechos sociales y proponer otras nuevas, a fin de fortalecer la Institución como mecanismo efectivo de garantía de aquéllos.