La pena de trabajos en beneficio de la comunidad fue introducida en el sistema punitivo español en el denominado Código Penal de la democracia, con el objetivo de instaurar penas alternativas a la de prisión. La particularidad de esta pena es que se requiere el consentimiento del penado para su imposición por el órgano judicial competente. Este requisito del consentimiento ha sido objeto de valoración por parte de la doctrina, aunque hasta ahora, apenas hay trabajos que analicen en profundidad una serie de aspectos procesales de gran interés para la aplicación de esta pena alternativa a la prisión. El objeto de este trabajo es estudiar la naturaleza jurídica del consentimiento, la información previa que se debería de dar al investigado o al penado para que dicho consentimiento sea válido, así como las consecuencias jurídicas de su revocación. Con ello se pretende, desde un punto de vista procesal, profundizar sobre este elemento esencial para la imposición de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, así como elemento fundamental para la reeducación y reinserción del condenado.