La condición jurídica de la infancia no solo está amenazada por las condiciones materiales, también por la banalidad de los enfoques predominantes.

Desde hace mucho tiempo sostengo que la cuestión de la infancia en América Latina se encuentra atravesada por la existencia de temas que, a falta de mejor nombre, quisiera denominar emblemáticos. En estos días el tema por excelencia parece ser el de los adolescentes en conflicto con la ley.

Sobran ejemplos para afirmar que, a pesar de su dimensión cuantitativa reducida, la cuestión de los adolescentes en conflicto con la ley, posee un carácter contaminante negativo sobre el conjunto de las políticas sociales.

Descubrir tendencias y analizar comportamientos políticos en este campo, constituye uno de los termómetros más sensibles para entender la dimensión política de la cuestión social en América Latina.

Entender hoy las vicisitudes y tendencias de la cuestión penal juvenil, constituye, a mi juicio, un elemento decisivo para tratar de comprender hacia dónde van los derechos de la infancia en América Latina.

Es obvio que no pretendo con estas líneas interpelar a aquellas posiciones francamente reaccionarias que, considerando a la política una forma de espectáculo, le proponen al ciudadano desprevenido el cambio de votos por una tan vaga sensación de inseguridad.

Por el contratio, pretendo interpelar a aquellos, que desde posiciones sinceramente progresistas, no consiguen elaborar respuestas serias que permitan romper el círculo vicioso de una hegemonía conservadora que encuentra en las grietas y vacíos de los sistemas de responsabilidad penal juvenil, y no en su esencia, el punto de apoyo de su ofensiva.