Las Cortes de Castilla fueron ganando durante la Edad Moderna matices propios de un órgano de representación territorial en paralelo a su protagonismo en el entramado fiscal de la monarquía, lo que despertó el interés de quienes no estaban integrados en ellas. Galicia y Extremadura ingresaron en el siglo XVII en calidad de provincias y sus capitales ejercieron los derechos inherentes a la representación de forma colegiada. El voto extremeño fue adquirido por seis ciudades cuyas estructuras se hallaban en sintonía con el mundo urbano castellano del momento, siendo su rasgo principal la capacidad de ejercer jurisdicción sobre amplios distritos. El privilegio se negoció en el contexto de la Guerra de Restauración (1640-1668), lo que aportó argumentos en términos de sacrificio económico y fidelidad a la Corona. Los negociadores aprovecharon sus redes clientelares en la Corte para acercarse a los Consejos reales, al tiempo que desbarataron la oposición de Salamanca, ciudad en cuyo distrito se incluía Extremadura. La concesión del voto y su ejecución por vez primera en las Cortes de 1655-1658 significó la creación de la provincia de Extremadura, de la que se describe en este trabajo su extensión y divisiones internas, así como la gestión de su principal cometido: la administración de los servicios. A falta de instituciones provinciales que reforzaran este nuevo estatus jurídico y administrativo, será el voto en Cortes, incluso cuando la asamblea dejó de funcionar, la única vía que pudieron utilizar las capitales extremeñas para exponer sus necesidades comunes ante los poderes centrales.