La moderna vida en sociedad exige alcanzar un equilibrio armónico entre dos aspectos en cierta medida contrapuestos: de una parte, la potenciación del tráfico de datos e informaciones que tienden a cohesionar la colectividad y a facilitar la participación de los individuos en la vida social, económica, cultural y política —como cabe esperar, por cierto, de un Estado Social— y la transparencia de las actuaciones de quienes ostentan el poder público, lo que permitirá su examen crítico y, en su caso, su censura y reprobación —lo que correspondería a un Estado Democrático—; pero de igual modo, por otra parte, se han de garantizar los derechos

de los ciudadanos, miembros individuales de la colectividad. Al fin y al cabo, la verdadera calidad de vida solo es posible con un efectivo respeto de la dignidad de la persona y con el

reconocimiento de aquellos derechos que son inviolables e inherentes a la condición humana. Lo contrario implicaría consentir conductas que pondrían en entredicho los mismos pilares de la vida humana en sociedad pues en ella el individuo necesita y desea, en mayor o menor medida, relacionarse con sus semejantes, pero, de igual modo, precisa y anhela mantener alejados a sus congéneres de ciertos aspectos de su existencia