Desde su origen en el siglo XIX, el juicio de amparo se convirtió en un escudo protector de los derechos fundamentales concebidos por el liberalismo. En materia fiscal, los contribuyentes mexicanos encontraron en él un medio para hacer valer sus derechos tributarios básicos: la proporcionalidad y equidad en las contribuciones y el debido proceso en los procedimientos para llevar a cabo su cobro. Herramienta de usos múltiples, el juicio de amparo en materia fiscal también fue utilizado para coadyuvar en la política fiscal federal, para ordenar por la vía jurisdiccional a las diferentes potestades fiscales federales y locales, así como una forma de resistencia fiscal en la que tanto los contribuyentes como el Estado mexicano pudiesen encontrar una salida jurídica que permitiese hacer más eficiente la recaudación sin tocar los intereses de los agentes económicos ni los de las entidades federativas. En estos aspectos, el amparo en materia fiscal jugó un papel de vital importancia en la conformación tanto del sistema jurídico liberal decimonónico como del posrevolucionario, pues ambos hicieron uso de él para llevar a cabo la política fiscal primordial del Estado contemporáneo: recaudar más al menor costo político posible.